Presentan protocolo para enfrentar violencia política en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Hidalgo

Durante la octava reunión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Hidalgo, encabezada por el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, fue presentado el Protocolo Nacional para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, edición 2017; el Proyecto de Diagnóstico de la Violencia Política contra las Mujeres en el estado de Hidalgo y un Informe de los avances del Programa de Trabajo 2017-2018.

Vargas Aguilar, en su calidad de presidente del Observatorio, consideró que estos avances son significativos, lo que genera condiciones para el ejercicio pleno de la participación política de las mujeres y destacó la importancia de evaluar para dimensionar los grandes retos en la materia y fortalecer acciones que coadyuven a la política del gobernador Omar Fayad Meneses, en aras de un Hidalgo más igualitario para las futuras generaciones.

Instó a seguir trabajando de manera coordinada, para que la entidad siga siendo referente nacional en el impulso a la participación de las mujeres en el ámbito público, partidista o en la administración estatal y municipal, ante un proceso de alta envergadura como las elecciones de 2018, que pondrá a prueba a las instituciones electorales y gubernamentales.

 

En su intervención, María Concepción Hernández Aragón, secretaria ejecutiva y directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), al hacer un recuento de las actividades realizadas, enfatizó que la participación política de las mujeres es un derecho humano, ahora garantizado en el país y en el estado de Hidalgo mediante reformas constitucionales en términos de la paridad, pero el reto sigue siendo el ejercicio de este derecho en ambientes libres de violencia.

En ese contexto reconoció la voluntad política del presidente del Observatorio, Simón Vargas, como un aliado estratégico en el tema, así como la aportación de las instituciones electorales, de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, para lograr del Observatorio un mecanismo efectivo y activo.

Por su parte, Arturo Sosa Echeverría, fiscal de Asuntos Electorales, al presentar el Protocolo nacional, explicó que el objetivo es que sirva de guía a las instituciones involucradas en la atención y observación de este tipo de violencia, para la correcta aplicación de las obligaciones internacionales, nacionales y locales en la materia.

Se pretende también que favorezca una adecuada coordinación interinstitucional al abordar el tema, y fundamentalmente que oriente a las mujeres de cómo identificar si están o no, viviendo este tipo de agresión; a quienes ya son víctimas, informarles sobre la ruta crítica a seguir para su atención, denuncia y sanción.

En el mismo orden de ideas, el Instituto Estatal Electoral afirmó que no admitirá registros de candidaturas que no cumplan con los criterios de paridad e inclusión política.

Otilia Sánchez Castillo, secretaria técnica, del Observatorio detalló el “Proyecto de diagnóstico de la violencia política contra las mujeres en razón de género en el estado de Hidalgo”, será coordinado por las organizaciones de la sociedad civil con participación de las instituciones que integran este organismo, cuyo objetivo es documentar y visibilizar casos de violencia política contra las mujeres, en el marco del proceso electoral 2018 en el estado de Hidalgo, a fin de generar propuestas y recomendaciones para su prevención y atención.

El proyecto comprende tres etapas: Monitoreo y documentación; Informe y recomendaciones; y Difusión de resultados, mismo que constituiría la primera publicación propia del Observatorio de Hidalgo, en colaboración con el INE.

Finalmente se presentó un exhorto dirigido a las dirigencias de los partidos políticos en la entidad para que en ejercicio del presupuesto destinado por ley, brinden a su militancia capacitación en materia de derechos humanos, género, derechos políticos y prevención de la violencia política, con la finalidad de favorecer los procesos de liderazgo de las mujeres, contribuyendo a materializar la igualdad sustantiva en la participación política y a garantizar la incorporación de las mujeres en los espacios públicos de toma de decisiones y en las estructuras de poder.

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